Agostina Dasso Martorell, licenciada en estudios Internacionales y profesora asistente en conflictos y seguridad internacionales de la UTDT.-
Cuando Samuel Huntington escribió sobre la Tercera Ola de la democracia, pareció que ésta volvía a la región para quedarse. Durante la década del 90, los países latinoamericanos avanzaron en pos de una consolidación democrática enfocándose en una cuestión importante: la transformación del papel de los militares y la instalación de un control civil democrático por sobre las Fuerzas Armadas.
Hasta hace algunos años, la lengua común entre los estudiosos era el orden regional que imperaba en las tierras del Sur. Latinoamérica aparecía como una de las regiones más estables del planeta en materia de seguridad y defensa.
Con el correr de los años democráticos, la región empezó a multiplicarse en foros como Unasur, organización de la cual surge el Consejo Suramericano de Defensa. Se intentó llevar adelante políticas comunes en materia de defensa nacional y la reforma de las instituciones armadas por medio de los Ministerios de Defensa. Brasil y Perú, que no tenían, los crearon y el resto intentó darle relevancia mayor y avanzar hacia el mando de los civiles que encabezaran este ministerio.
Muchos gobiernos de la región han optado por capacitar y entrenar a sus Fuerzas Armadas en el involucramiento en operaciones de paz, la ayuda humanitaria y el apoyo logístico en momentos de catástrofe natural. Sin un entrenamiento específico, han sido utilizadas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y han participado en la implementación de programas sociales. En el afán de definir una estrategia de seguridad nacional, han aparecido conceptos como seguridad humana o seguridad ampliada que han contribuido a difuminar la línea divisoria entre el rol interno y el rol externo de las Fuerzas Armadas. Cabe preguntarse hasta qué punto ha avanzado esta transformación y si responde a la necesidad de los tiempos que corren.
El nuevo juego
La situación que América Latina enfrenta hoy en día propone una respuesta desmotivadora. Los militares están jugado su parte en las crisis internas que vive cada país. Ni los reclamos de la sociedad ni las respuestas de los gobernantes son las mismas. Como dice Federico Merke en un reciente artículo publicado, tienen temporalidades diferentes y distintos puntos de partida. Pero hay algo que está claro y que agita gran parte de la región: los militares están de nuevo en las calles y también están detrás del sillón presidencial.
La democracia representativa latinoamericana está siendo cuestionada. El problema no es ideológico; es práctico. Gobiernos de diversos signos políticos están atravesando situaciones similares cuyas explicaciones- aunque disímiles- tienen algo en común: la democracia debilitada.
La coyuntura actual sudamericana se desenvuelve en un contexto de alta contestación y podría decantar, en lugar de tiempos pacíficos, en una vuelta a los modismos militares del pasado. Militares que, avalados o incluso demandados por el poder político, se ven tentados e invitados a jugar un rol tutelar para enfrentar la inestabilidad. Aunque llegó a discutirse que esta nueva relación entre gobierno y militares era signo de estabilidad democrática, no fue acompañada por mecanismos efectivos de supervisión que fueran más allá de la contención.
América latina se está viendo forzada a repensar si el entendimiento tradicional de las relaciones cívico-militares sigue aplicando a la región. Un concepto que Rut Diamint ha llamado “nuevo militarismo” invita a creer que la comprensión tradicional ya no encaja. No sólo cambió la relación entre civiles y militares, sino la manera en que los militares se involucran en el poder político. Ya no son ellos quienes toman el poder por la fuerza, sino que son los gobernantes, incapaces de saldar las demandas sociales de manera democrática, quienes los quieren de aliados.
Una explicación plausible a esta situación es la deuda del control civil en los Ministerios de Defensa que no han podido acomodarse a la volatilidad de los tiempos. Se suma a esto el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública como el caso de la policía militar en Río de Janeiro, la Guardia Nacional en México, las patrullas callejeras en Guatemala y las reuniones del COSENA en Chile frente a la crisis actual. Ha surgido una situación particular en la que ahora las autoridades democráticas comienzan a depender de la fuerza militar para mantener el orden, en lugar de recurrir a las fuerzas de seguridad. Pero no significa que la violencia se haya reducido, sino todo lo contrario. Delimitar una clara y precisa diferencia entre la seguridad interna, a cargo de la policía, y la seguridad externa, a cargo de las Fuerzas Armadas, es primordial.
Teniendo en cuenta que las FFAA se entrenan y organizan para proteger la soberanía y la integridad territorial del Estado frente a una agresión externa, repensar el rol de esta institución en los países de la región es, ciertamente, un signo de los tiempos. Sin embargo, es fundamental que las cuestiones sean abiertas a la ciudadanía y discutidas en el Congreso. Frente a un escenario de incertidumbre en la región, la representatividad democrática debe ser capaz de captar las demandas de la ciudadanía así como también subordinar la fuerza a la institucionalidad y a la obediencia de la Constitución.
El caso argentino
Se ha comentado con sorpresa la particularidad del suelo argentino que, aunque vive un momento social agitado, no ha caído en el desfile de sus tanques. ¿Cómo se explica la excepcionalidad? Argentina ha sido el país de la región que más ha avanzado en materia de control civil democrático, votando leyes de defensa nacional y conformando un Ministerio que las pone en práctica, manejando el personal y el presupuesto militar. Sumado a esto, una política de Estado como bandera firme y transversal a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia de Memoria, Verdad y Justicia, que enfrenta las herencias del pasado. Es por eso que, como dice Jorge Battaglino, no puede analizarse el control civil sin comprender que la relación de la sociedad civil con la defensa nacional está íntimamente condicionada por el legado de la última dictadura y con el compromiso de los diversos gobiernos democráticos que vinieron de Alfonsín a la fecha, sin distinción de signos políticos.
La pregunta que interesa hacerse en este contexto es cómo afecta la situación regional al gobierno argentino entrante y cómo éste debería pararse ante las crisis. Sorprendentemente o no, la Argentina ha demostrado ser, hoy en día, uno de los pocos países de la región que puede sortear su crisis interna mediante mecanismos democráticos y constitucionales. En una coyuntura que pone de relieve los déficits de la democracia latinoamericana, esta virtud debiera no solo resaltarse sino que optimizarse de manera estratégica. Fernández asume en un contexto complejo tanto interno como regional e internacional. El sistema es volátil y cambiante y amerita una visión pragmática- no ideológica- para la política exterior argentina. Cabe esperar, entonces, si navegar con cautela estas aguas tumultuosas, podría posicionar a la democracia Argentina como el modelo a imitar para evitar el descontento social.
En 30 años de transición y consolidación democrática latinoamericana, la institucionalización del control civil por sobre las Fuerzas Armadas logró contribuir hasta un punto de relativa estabilidad. Hoy han vuelto los días de Toques de Queda y Estados de Emergencia. Han vuelto las fotos del ejecutivo escoltado por militares. Han vuelto los tanques en el asfalto. Las relaciones con las autoridades civiles han cambiado producto de una crisis de representatividad política que mana de una democracia que no ha logrado satisfacer los estándares aceptados ni las expectativas que la sociedad puso sobre ella.